El veredicto dado a conocer por el Tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios -en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad.
Ratificamos, en tal sentido, nuestra confianza en la acción y la decisión del Tribunal, en la seguridad de que en todo momento se buscó la real expresión de la verdad y la justicia.
Reiteramos, además, nuestro rechazo y nuestro repudio a los abusos de todo tipo, especialmente hacia aquellos que tienen como víctimas a niños y adultos vulnerables, quienes deben ser protegidos de manera contundente por la Iglesia, tal como lo señalara Su Santidad, el Papa Francisco, en setiembre de 2017: “Pero también hemos experimentado un llamado, que estamos seguros de que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo: acoger la misión del Evangelio para la protección de todos los menores y adultos vulnerables”[1].
La Iglesia en Paraná, a partir de testimonios y otros aportes, ha contribuido en todo lo que le fuera requerido por parte del Tribunal, como también lo hizo durante la etapa preliminar de instrucción de la causa.
